Observatorioenlinea

Con mentiras, corrupción y violencia se despide Yunes

Con mentiras, corrupción y violencia se despide Yunes

Los diputados panistas del Congreso local están a tres fuegos y pueden terminar achicharrados: está a punto de revisarse nuevamente la Cuenta Pública de 2017, que la anterior comisión de Vigilancia “limpió” y aprobó, pese a haber observaciones serias sobre un posible desfalco por 327 millones de pesos; hay una iniciativa para revisar la cuenta pública de 60 municipios, algunos de cuyos exalcaldes se cayeron con fuertes sumas de dinero para lograr el favor de salir “limpios”, y ha comenzado una auditoria meticulosa del uso y abuso de los recursos del poder legislativo durante la gestión de Sergio Hernández Hernández al frente de la Junta de Coordinación Política en la anterior legislatura.

En otro frente, mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anda de la Seca a la Meca inaugurando obras e, incluso, estableciendo compromisos financieros para adquisiciones, a solo ochos días de salir de pelada, están brotando las aguas negras de la forma corrupta en que se ha aplicado la justicia, y salen raspados él, su Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, su fiscal carnal anticorrupción Marco Even Torres, negociador con los abogados de los exfuncionarios duartistas llevados a prisión, y el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.

Para colmo, desde el mismo día del asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, de Morena, la mentirosa versión del gobernador Yunes se ha ido desmoronando vergonzosa y vertiginosamente, lo que permitiría abrir líneas de investigación sobre las posibles implicaciones del gobierno estatal en el homicidio y, en todo caso, en el ocultamiento de los reales asesinos materiales e intelectuales, hoy resguardado tras el velo de la mentira y la complicidad.

Todo ello está pintando el escenario del terror en que hemos vivido los veracruzanos en los dos años en que ha estado Miguel Ángel Yunes Linares al frente del gobierno estatal, y puede ser el inicio de un verdadero ajuste de cuentas contra el grupo político liderado por el choleño, que ni en el interior del PAN ha encontrado unanimidad para salir en su defensa.

No ha sido necesario que el gobierno panista concluya. Si el actual Congreso local actúa conforme a la ley, no solo habrá consecuencias jurídicas en el interior mismo del poder legislativo, donde ya se apunta incluso al desafuero de varios congresistas del PAN que repitieron en la Cámara, por haber solventado, sin contar con atribuciones ni facultades legales para ello, la Cuenta Pública 2017 que, a todas luces, mostraba serias observaciones que debieron aclarar los entes fiscalizables tanto del Ejecutivo estatal como de los ayuntamientos.

También tendrá repercusiones en el poder ejecutivo, contra muchos de cuyos integrantes se han lanzado abogados, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda de desaparecidos y organizaciones sociales, además de diputados locales y federales y futuros miembros de gabinete, por haber manipulado gravemente tanto los supuestos casos de impartición de justicia contra exduartistas como los de ajusticiamiento. Ha llegado a tal grado la fama de Yunes como irascible y vengativo que, sotto voce, ya empiezan a endilgársele varios hechos, como los homicidios de Valeria y del hijo del periodista Cecilio Baltazar, los incendios en negocios de empresarios enemigos como César Augusto Morando Turrent en Veracruz y de Fidel Kuri en Córdoba, todo lo cual solo es seguramente la manifestación social del enorme encono que su gobierno ha generado en casi todos los sectores sociales de Veracruz.

 Las benditas redes sociales

“Fallaste en lo + importante @epn, la seguridad de los mexicanos. Dejas una estela de miles de feminicidios y desaparecidos. Narcofosas, narcogobernadores, corrupción y un país donde impera la impunidad. ¿Te deja dormir el llanto de tantas madres buscando a sus hijos?” Marcela HerreraR @MarcelaHerreraR

 Unanue, una nueva razón para salir de pelada

Hace tiempo, desde que veía con desdén la posibilidad de perder el respaldo de los Yunes en el poder, que al diputado Juan Manuel de Unanue Abascal se le hacen señalamientos de conflictos de interés desde su posición como presidente de la Comisión de Vigilancia en la anterior legislatura, por estar vinculado con un despacho de auditoria en el Puerto de Veracruz, beneficiado con varios contratos para realizar auditorías financieras y técnicas a ayuntamientos, y por negociar con los entes fiscalizables en problemas para cubrir las anomalías a cambio de jugosos emolumentos fuera de la ley.

Ya sin el poder de su patrón Miguel Ángel Yunes Linares, a quien ha servido en puestos ejecutivos durante las dos administración de su hijo Miguel Ángel en el ayuntamiento de Boca del Río (Subdirector de Comercio en la primera gestión y director de Desarrollo Social en la segunda), este diputado local ya siente el fuego crecer bajo sus pies.

Aficionado al juego y las apuestas, donde es despelucado con frecuencia según varios asistentes a los casinos de Veracruz y Boca del Río, este abogado ha sido señalado de estar aliado con Salvador Levet Remes, del despacho “Levet y Asociados”, y de Sergio Daniel Remes Álvarez, primo de Salvador Levet, quien opera bajo la razón social “Asesoría a la Obra Pública y Auditoria, SC”, a los que ha beneficiado con contratos desde la Comisión de Vigilancia del Congreso, que presidió en la anterior Legislatura, y con los que se le señala de haber vendido impunidad a varios exalcaldes, tanto en la cuenta pública de 2016 como en la de 2017.

El periodista Jair García, de La Jornada Veracruz, lo mencionó en una nota de octubre pasado, titulada “Busca despacho contable vinculado a panista ocultar muerte de empleados”, referente al caso de auditores enviados por Salvador Levet, quienes fallecieron en accidente automovilístico. En una carta al director del periódico, Tulio Moreno, Unanue rechazó categóricamente “ser socio o incluso tener parentesco, relación o vínculo alguno con la empresa citada en su texto; por lo que me sorprende la ligereza con la que el reportero lo señala sin fundamento alguno”. Y añadió:

“Soy presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz y el trabajo de esta instancia es colaborar con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en la revisión de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables de la entidad. Actualmente somos uno de los actores que mayormente impulsan el Sistema Estatal Anticorrupción para evitar catástrofes financieras e impunidad como las sucedidas en los años recientes.”

Además, dijo que los ayuntamientos son órganos autónomos que deciden libremente la contratación de despachos para las actividades relacionadas en la materia, tratando de liberarse de las acusaciones de imponer a los despachos afines con varios alcaldes que, a cambio de pagar fuertes sumas (se supone que una parte fue a parar a los bolsillos del diputado), lograban ocultar sus fechorías.

El reportero de La Jornada respondió, en relación a la carta aclaratoria de Unanue: “debo precisar que empleados del despacho Levet & Asociados fueron quienes se pusieron en contacto conmigo para darme a conocer la muerte de sus compañeros en un accidente carretero y algunas de las irregularidades laborales. Este grupo de empleados narra que existe cierta cercanía entre el dueño del despacho y el legislador. Ante la postura del diputado de negarlo se cae en dos versiones, donde los lectores tendrán la oportunidad de contrastarlas y formar su opinión y criterio”.

Con Unanue, en la Cuenta Pública 2016, participaron ambos despachos en la auditoría financiera (Levet y Asociados) y en la auditoria técnica (Asesoría a la Obra Pública y Auditoría), en la cuenta de los municipios de Atoyac, Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Coscomatepec, Jamapa, Lerdo de Tejada, Medellín, Oluta, Otatitlán, Sayula de Alemán, Tamalín, Tepetzintla y Zaragoza. Por separado, Levet y Asociados lo hizo en el ayuntamiento de Ixmatlahuacan, mientras que Asesoría a la Obra Pública y Auditoría, lo hizo en los municipios de San Juan Evangelista y Amatitlán.

En la Cuenta Pública de 2017, ambos despachos amigos de Unanue fueron juntos en los ayuntamientos de Chontla, Coscomatepec, Ixmatlahuacan, Oluta, Paso de Ovejas y Tepetzintla, mientras que, por separado, Asesoría a la Obra Pública y Auditoria tuvo a su cargo los ayuntamientos de Martínez de la Torre y Poza Rica.

 Las benditas redes sociales

“Desde hace mucho lo dijimos, el @AbogadoWinckler –fiscal de una sola familia– se tiene que ir por complicidad con delincuentes de cuello blanco, y llevarse a su interlocutor Marcos Even, el que fue designado para ‘combatir’ la corrupción”. Eric Cisneros Burgos @EricCisnerosB

 Problemas con exediles

El presidente de la Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Sergio Vázquez Jiménez, ha pedido que se investigue a Juan Manuel de Unanue y se le siga juicio de procedencia para que sea desaforado, además de obligársele a poner a la vista las 60 cajas donde supuestamente está la “solventación” de la Cuenta Pública de 2017, así como las minutas que firmaron en las reuniones que sostuvieron para avalar dicho informe, e incluso, que se separe de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura.

Habrá que ver también la participación de quien fue secretario de esa comisión, Rodrigo García Escalante, actual vocal de esa comisión en la actual Legislatura, junto con otro diputado panista, Bingen Rementería, hijo del extitular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Julen Rementería del Puerto, hoy Senador, cuya gestión en 2017 fue observada por el Orfis con posible quebranto financiero, y que salió limpio de la Operación “Detergente”.

Ya lo alertó Juan Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva: “Si cometieron un error habremos de actuar en consecuencia con todo el peso de la ley. Ya pedimos la Cuenta, la vamos a revisar en esta legislatura a conciencia, como deben ser las cosas, y estamos en tiempo para que se revise”.

El grave problema que enfrentará Juan Manuel de Unanue será mayor con exalcaldes, quienes según denuncias de algunos de ellos, el panista le pidió el 30 por ciento de lo observado como pago para ser exonerados, y hoy están nuevamente en capilla, pues se volverán a analizar sus números al menos de la Cuenta Pública 2017. De la de 2016 ya están salvados.