A bordo de una suburban blanca, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, ingresó pasada la medianoche a la cárcel de Cancún y, horas más tarde, será presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito, para enfrentar cargos por la autoría intelectual de la tortura en agravio de la periodista, Lydia Cacho Ribeiro.
Prófugo durante un año y 10 meses, el exmandatario estatal fue detenido ayer en un domicilio ubicado en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes cumplimentaron la orden de aprehensión librada en diciembre pasado por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún.
Horas después, Marín Torres fue trasladado a esta ciudad y arribó al Aeropuerto Internacional a medianoche, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
A las 12:53 horas -de Quintana Roo- el político, amigo del empresario Kamel Nacif -también prófugo- ingresó en segundos al Centro de Readaptación Social, a bordo de una suburban blanca, con placas T-39-ACT, seguida de otras cuatro camionetas que se estacionaron en el exterior del inmueble.
De acuerdo con Aracely Andrade, abogada de la escritora de “Los Demonios del Edén”, en las próximas horas Marín Torres será presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito, que habrá de resolver si se le dicta o no el auto de formal prisión por el delito de tortura, en agravio de Cacho Ribeiro.
La periodista es también víctima de desplazamiento forzado desde julio de 2019, cuando un par de sujetos allanó su casa, asesinó a sus dos perras, revolvió sus pertenencias y robó material de trabajo “altamente sensible”, acción que fue interpretada por sus asesores en seguridad, como un claro mensaje sobre el nivel de riesgo que corría la activista.
La irrupción en su domicilio ocurrió luego de que el 11 de abril de ese mismo año, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, librara órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, Kamel Nacif y el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam.
Mediante un amparo, se ordenó la revisión de dichas órdenes, dejándolas sin efecto, hasta que la misma magistrada del Primer Tribunal, María Elena Suárez Préstamo, las obsequió nuevamente en diciembre de 2020.
El cargo que se imputará al “gober precioso” -llamado así por Kamel Nacif- es el de tortura, cuya pena alcanza los seis años de prisión.
La acusación es hecha por la Fiscalía General de la República (FGR), cuya actuación se desprende de una resolución histórica del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que en agosto de 2018 reconoció que el gobierno mexicano violentó los derechos humanos de Lydia Cacho.